Tachar de populistas siendo populistas

Se utiliza el término populismo como arma arrojadiza para la deslegitimación del contrario en la acción política. La aparición de Podemos en el panorama política español ha conseguido unanimidad en los dos grandes partidos para descalificarle bajo el supuesto de la practica del populismo, entendiendo como tal su acepción mas peyorativa.

 

 Esto es, decir aquello que el pueblo quiere oír o desea y en base a éste discurso conseguir el poder con independencia de las políticas que se apliquen una vez alcanzado el objetivo. Nada diferente de lo que ha hecho el Partido Popular para llegar al poder. Por contraste podríamos acusar de “oligarquistas” a quienes defienden una manera de hacer política basada en el “oligarquismo”, términos ambos inexistentes pero que podría entenderse como la defensa de los intereses de la oligarquía, y en sentido peyorativo el uso de un lenguaje propicio para ganarse el voto de los representantes de ese grupo.

 

Esta siendo muy habitual en las últimas décadas, por parte de los Gobiernos occidentales, tomar decisiones políticas impuestas por los organismos financieros internacionales y consideradas como necesarias e incuestionables –“hacemos lo que hay que hacer”- porque de ellas dependen el futuro de los países, aunque estas medidas no sean coincidentes con los intereses y con los deseos del pueblo. Son medidas que ayudan a apuntalar y consolidar el sistema establecido y consideradas como únicas y universales -propias del pensamiento neoliberal- de tal suerte que quienes osen criticarlas, cuestionarlas y ofrecer medidas alternativas serán deslegitimados y tachados de antisistema, que es algo así como ser considerado elemento subversivo y peligroso. Las medidas de ajuste económico impuestas por el gobierno del Partido Popular se enmarcan en este contexto, auspiciadas por las elites económicas y financieras del interior y del exterior. 

 

En suma se trata de acciones de gobierno que no van encaminadas en interés del pueblo, sino condicionadas por los intereses de ciertas oligarquías y se traducen en medidas preventivas: evitación de alarmas en los mercados, miedo a la fuga de inversores y a la deslocalización, y en medidas proactivas: pago de la deuda pública como precepto constitucional, reducción de la fiscalidad para las grandes fortunas y las empresas de ámbito multinacional o reforma laboral entre otras muchas. En suma, medidas que en otras condiciones, si se pretendieran aplicar, serian tachadas de “oligarquistas”, pero que sin embargo llevadas a la práctica adquieren su significado más digno: políticas destinadas a servir y dar satisfacción a los intereses de una oligarquía dominante, con el consiguiente impacto brutal en las personas que no forman parte de esa minoría.

 

A nadie se le escapa que el declive de la socialdemocracia y del resto de movimientos de la izquierda ha venido acompañada o ha sido consecuencia del auge del pensamiento neoliberal y su asunción por parte de estos movimientos, que ahora y de manera tardía asisten incapaces a la victoria y consolidación del modelo sin conseguir ofrecer una alternativa capaz, y cuando la ofrecen carece del reconocimiento de una nueva realidad que nada tiene que ver con la del pasado.

 

Por consiguiente, no acusemos de populismo de manera despectiva ni desacreditemos a quienes, equivocadamente o no, pretenden subvertir la manera de actuar políticamente y cuestionar el sistema como perverso para la sociedad en general, por muy difícil que sea esta tarea subversiva ante los fuertes instrumentos con los que el sistema ha conseguido blindarse. Al menos posee como valor el desenmascaramiento del mismo. A partir de ahí y del reconocimiento de la nueva realidad política (globalización, UE) y social (estructura económica y social) y de la existencia de un colectivo mayoritario (mayoría social formada por trabajadores cualificados y no cualificados, autónomos, pequeños empresarios) que sufren las consecuencias del modelo neoliberal sin necesidad de ser etiquetados, será posible que la socialdemocracia elabore un proyecto político que sea capaz de conseguir una sociedad estructurada en base a los principios de equidad, justicia, solidaridad y bienestar social, en los que se contemplen las necesidades de los colectivos específicos que requieren de la atención publica.